viernes, 30 de septiembre de 2011

Tras décadas de intenso trabajo, se da respuesta a la histórica reivindicación de las mujeres del campo
El Congreso aprueba por unanimidad la Ley que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en las explotaciones agrarias
-          La responsable del Área de la Mujer de COAG y  Presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres), Belén Verdugo, ha hecho una valoración  muy  positiva de la Ley, que, en su opinión, va a resolver una desigualdad histórica, aunque no la situación de las mujeres en su totalidad.
-          La Ley de Titularidad Compartida promueve el pleno reconocimiento del trabajo y responsabilidades de gestión de cónyuges y parejas de hecho de la persona titular, ofreciéndoles la posibilidad de ser copartícipes no sólo del trabajo, sino de la gestión de cara a la Administración.
-          El Área de la Mujer de de COAG se felicita porque finalmente todo cónyuge menor de 50 años que se constituya como titular de una explotación agraria con titularidad compartida, tendrá derecho a una reducción del 30% en la cuota  a la Seguridad Social durante 5 años.

Madrid, 23 de septiembre de 2011. El Congreso de los diputados aprobó ayer, de forma definitiva y por unanimidad, la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, un marco legal promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino destinado a favorecer la igualdad efectiva de género en el medio rural mediante el reconocimiento jurídico y económico de la participación en la actividad agraria, en cuya elaboración han participado los Ministerios de Justicia, Economía y Hacienda,  Sanidad, Política Social e Igualdad y Trabajo e Inmigración.
La responsable del Área de la Mujer de COAG y  Presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres), Belén Verdugo, ha hecho una valoración positiva de la Ley, que, en su opinión, "va a resolver una desigualdad histórica", aunque no la situación de las mujeres en su totalidad. Según Verdugo, “el texto va a dar más visibilidad y dignidad" a las mujeres, pero va a ser una solución parcial, por lo que ha planteado cuestionar el actual modelo de producción y abogar por uno más social, en el que las mujeres se sientan más representadas".
Además, ha asegurado que la confederación velará ahora por "crear conciencia de que la situación es crítica en la agricultura y en el medio rural" y ha destacado la necesidad de "trasladar" la aprobación de la Ley a "campañas de información y de motivación a los territorios". Además, se ha felicitado porque el texto final recoge que todo cónyuge menor de 50 años (y no de 40 como recogía originalmente) que se  constituya como titular de una explotación  agraria con titularidad compartida, tendrá  derecho a una reducción del 30% en la cuota  a la Seguridad Social durante 5 años, tal y como desde el Área de la mujer de COAG se había reclamado. Además, Verdugo espera que la nueva normativa impulse y mejore la participación femenina en las organizaciones agrarias.
En la actualidad más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares son mujeres, pero en el 71,19 por ciento de los casos los titulares de las explotaciones son hombres, figurando las mujeres en la categoría de “ayuda familiar”. El desarrollo de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias supone dejar de lado el concepto de “ayuda familiar” y reconocer plenamente el trabajo y responsabilidades de gestión de cónyuges y parejas de hecho de la persona titular, ofreciéndoles la posibilidad de ser copartícipes no sólo del trabajo, sino de la gestión de  cara a la Administración, así como de extender los beneficios en la cotización a la Seguridad Social a las personas que ostenten dicha cotitularidad.
La constitución de la titularidad compartida de una explotación agraria no altera el régimen jurídico de los bienes y derechos que la conforman ni el régimen jurídico matrimonial o pactos patrimoniales de las parejas de hecho ni el régimen sucesorio. La Ley ofrece entre otros beneficios la posibilidad de que la administración, representación y responsabilidad de la explotación pueda ser ejercida por  ambas personas  titulares. Asimismo, todas las subvenciones, ayudas directas y ayudas de Desarrollo Rural corresponderán por mitades iguales a ambos titulares y ambos serán beneficiarios directos de las ayudas correspondientes al pago único de la PAC, teniendo las personas cotitulares derecho preferente sobre las actividades de formación y asesoramiento en materia de agricultura.
También se  otorga a las explotaciones de titularidad compartida la condición de prioritarias, siempre que al menos uno de los dos titulares cumpla con todos los requisitos que establece la Ley 19/1995 para ser titular de una explotación prioritaria y que la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la explotación no supere en un 50 por 100 el máximo de lo establecido en la legislación correspondiente para las explotaciones prioritarias.
PASOS PARA CONSEGUIR LA TITULARIDAD COMPARTIDA
Para que la titularidad compartida produzca estos efectos jurídicos, será precisa su inscripción previa en el Registro de Titularidad Compartida que establezca cada Comunidad Autónoma. Luego será ésta quién comunique al Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural y Marino aquellos registros que se vayan produciendo. La ley también establece que toda titularidad compartida deberá tener un NIF que les asignará la Agencia Tributaria correspondiente.
En cuanto a los requisitos, las personas que quieran acceder a la titularidad compartida deberán estar dadas de alta en la Seguridad Social; ejercer la actividad agraria y trabajar en la misma de modo directo y personal tal y como está definido en la Ley 19/1995, de 4 de julio y residir en el ámbito territorial rural en que radique la explotación
El nuevo marco legal hoy aprobado también contempla otras opciones a la titularidad compartida, así,  para aquellas parejas que deseen crear una figura societaria, se recoge la posibilidad de constitución de sociedades de responsabilidad limitada de las previstas en el artículo 5. 2 del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre. Estas sociedades son las más rápidas de constituir y a menor coste. Para ello el Ministerio de Justicia facilitará unos Estatutos tipo que simplifiquen aún más su constitución.
El régimen de titularidad compartida que se establece en la ley no es de aplicación, sin embargo,  a estas sociedades de responsabilidad limitada.
Cuando las personas que colaboran activamente en la explotación agraria no reciban pago o  contraprestación alguna tendrán derecho a una  compensación económica tras acreditar su  colaboración efectiva en la explotación. Dicha colaboración se considerará automáticamente en el caso de matrimonios cuyo régimen económico sea el de gananciales.
El cálculo de dicha compensación se hará en base al valor real de la explotación agraria, el  tiempo  efectivo y real de colaboración en la actividad  agraria y la valoración de la  actividad en el mercado.

Más información y declaraciones:

-          Belén Verdugo, responsable del Área de la Mujer de COAG y Presidenta de CERES: 650.97.46.81
Cooperativas Agro-alimentarias prevé una cosecha de 38,5 millones de hectólitros en el sector vitivinícola
29-09-2011 Cooperativas Agro-alimentarias

La vendimia se ha adelantado en todas las zonas un promedio de 15 días respecto a las fechas más habituales, y la producción presenta unas perspectivas algo más alentadoras que las tres últimas campañas, en las que los precios bajaban al mismo tiempo que crecían las existencias.

En una primera evaluación sobre las estimaciones de producción y las salidas comerciales previstas, los representantes vitivinícolas de Cooperativas Agro-alimentarias de España consideran que la cosecha actual será algo más corta que la registrada en la campaña anterior, que alcanzó 40 millones de hectolitros entre vinos y mostos y, salvo incidencias notables en el último tramo de la vendimia, se situará alrededor de 38,5 millones de hls. de los que 5 ó más se destinarán a la elaboración de mostos no vinificados y los otros 33 millones se transformarán en diferentes tipos de vino.

Por regiones, en Castilla-La Mancha se espera una previsión global de vino y mosto de 19,5 millones de hls, inferior a la producción declarada el año anterior en torno a un 10% principalmente en blancos, ya que los tintos prácticamente se mantienen al mismo nivel. Las causas de esta merma pueden achacarse al arranque de viñedo, definitivo y previo a la reestructuración, más algunos fenómenos meteorológicos adversos que han afectado a ciertas zonas y determinados focos de mildiu no controlados a su debido tiempo.

En Extremadura y Andalucía la vendimia ha sido muy precoz, y se ha desarrollado en agosto y primera quincena de septiembre. Si bien el comportamiento ha sido dispar, pues en la primera se repiten las producciones registradas el año anterior, 3,9 millones de hls, mientras en Andalucía hay un apreciable descenso por la sequía, en torno a -8%, alcanzando una cifra global de 1,2 millones de hectolitros.

La Comunidad Valenciana registrará una leve bajada de su producción, hasta los 2,1 millones de hls, como consecuencia de algunos episodios meteorológicos de finales de agosto; en Murcia este descenso será mucho más acusado por los daños ocasionados por las tormentas de granizo a mediados del mismo mes y también por el arranque definitivo de viñedo, bastante elevado en relación con su superficie productiva. La previsión en esta región de es 0,58 millones de hls.

En La Rioja (2,1 millones hls.), Navarra (0,75 millones hls.) y el País Vasco (0,6 millones hls.) acusan una prolongada sequía en los últimos meses que se traducirá en bajadas moderadas de su producción respecto a las registradas en la vendimia anterior. Aragón (1,2 millones de hls.) igualmente ha experimentado sequía en varias comarcas, no obstante espera un aumento moderado de su cosecha hasta alcanzar 1,1 millones de hectólitros.

Cataluña (3,5 millones) ha registrado también una importante sequía en algunas comarcas vitícolas que experimentarán alguna merma en su producción, pero en conjunto será algo más elevada.

De las regiones productoras más significativas, tan solo Galicia (0,9 millones) y Castilla y León (1,9 millones) prevén recoger una cosecha superior a la registrada el año pasado, principalmente, esta última, que podría alcanzar un récord histórico. A ello habría que añadir otros 0,3 millones de hls. como suma de las producciones insulares (Baleares y Canarias) y de la Comunidad de Madrid. En consecuencia, de confirmarse estas previsiones, la producción global entre vino y mosto podría alcanzar los 38,5 millones de hectólitros, es decir casi un 4% inferior a la declara en la campaña precedente.

El mercado de los mostos se está manifestando bastante dinámico desde el comienzo de la vendimia, con precios al alza y se estima que alcanzará un volumen de elaboración similar al del año pasado, que superó los 5,1 millones de hls. Los precios de las uvas han arrancado también más altos que en la pasada vendimia entre un 15% y un 20%, con tendencia incluso al alza. Esta subida se ha notado en los precios de los mostos no vinificados que han superado 2,5 €/hgdo en los blancos y 2,7 €/hgdo. en los tintos; al mercado del vino nuevo todavía no se ha trasladado esta subida, porque aún no se han confirmado operaciones de importancia.

Las últimas previsiones de Francia indican una cosecha algo superior evaluada en 47,6 millones hls, casi un 5% más que la última registrada; en tanto que Italia con 44 millones hls (-5%), Portugal y, sobre todo, Alemania, junto con España, tendrán menor producción, por lo que en el conjunto de la UE se estima una vendimia también algo inferior.

Analizadas todas las circunstancias que concurren en estos primeros compases de la campaña, se observa un cierto optimismo en el sector alentado por la mejora generalizada de los precios, pero se advierte que una escalada desorbitada de los precios en origen, con un consumo interno a la baja, podría acarrear alguna recesión de las exportaciones, principal motor del sector hoy en día, y provocar cierto riesgo de incremento de las existencias al final de campaña, según los técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias

NOTICIAS DE AGRODIGITAL


30/9/2011

Francia quiere subir los impuestos de ciertas bebidas alcohólicas para financiar la Seguridad Social

El gobierno francés ha introducido en su proyecto de Ley de financiación de la Seguridad Social para 2012, un aumento sustancial de los impuestos a las bebidas alcohólicas destiladas. Se prevé una subida del 16 al 47%.

La Federación francesa de bebidas alcohólicas destiladas considera que esta propuesta es una grave discriminación para su sector, ya que solo se refiere a las bebidas alcohólicas obtenidas por destilación (ron, brandy, ginebra etc) y la subida no afecta a las obtenidas por fermentación (vino, cerveza, sidra).

La Federación considera que el gobierno francés ha estigmatizado, sin ninguna base científica, a las bebidas de más 18º, como si se trazara una línea de divisoria que separa los buenos de los malos alcoholes. La Federación mantiene que es el consumo excesivo de una bebida alcohólica, sea cual sea, la que produce intoxicación etílica. ´




Laura Piedra Gutiérrez
Servicios Técnicos de COAG

MAS SOBRE LA PAC

El Gobierno olvida el medio ambiente en el debate sobre la futura
Política Agracia Común (PAC)*

Nota de Prensa

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF

- Las organizaciones ecologistas denuncian su exclusión de la recién
creada Comisión de Seguimiento para la reforma de la PAC

- En opinión de las ONG se está poniendo en riesgo la financiación y el
futuro de muchos agricultores

Madrid (29/09/2011). La discusión sobre el futuro de la Política Agraria
Común (PAC) llega a su punto álgido. A pesar del compromiso de la
Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino con las organizaciones
ecologistas de fomentar un debate plural, transparente y participativo
sobre el futuro de esta política, se ha creado un órgano para su
seguimiento en el que quedan fuera las organizaciones ambientales, así
como otros representantes de la sociedad civil.

La PAC condiciona la gestión del 80% del territorio europeo en tres
aspectos fundamentales para el medio rural: económicos, ambientales y
sociales. El actual proceso de reforma tiene que cumplir con las
expectativas y demandas de la sociedad civil respecto a la necesidad de
un cambio real en la política de mayor presupuesto de la Unión Europea
que a su vez tiene consecuencias catastróficas sobre la economía en los
países del Sur, sobre el derecho a la alimentación así como sobre el
medio ambiente en el mundo, provocando -entre otros- cambio climático,
desertificación, contaminación, agotamiento de los recursos hídricos, etc.

El actual modelo otorga un mayor apoyo a grandes explotaciones, de
carácter intensivo, con mayores impactos sobre el medio y, en muchos
casos, desvinculados del carácter territorial, social y ambiental que
una política de este calado debería contemplar.

Es necesario conseguir una PAC “justa y sostenible” que garantice
precios justos y seguros para quienes producen y consumen los alimentos,
que permita una renta suficiente para las/os campesinas/os, así como un
modelo agroecológico con alimentos saludables y de producción
sostenible. La apuesta por este modelo, de agricultura en Natura 2000 y
otros sistemas de alto valor natural, de agricultura territorial, basada
en producciones de calidad y respetuosas con el medio ambiente, es la
única forma de asegurar el futuro de la financiación y de las zonas
rurales.

Por todo esto, las organizaciones ecologistas demandan que se amplíe la
composición de la Comisión, de forma que se incluya el componente
ambiental. Argumentan que el futuro de la alimentación y la gestión del
territorio incumben a toda la sociedad.

Más aún cuando uno de los puntos fuertes del debate es cómo tener una
PAC más “verde”, que contemple como propios los retos ambientales a los
que el sector agrario tiene que hacer frente. Tampoco se entiende que
una comisión que tiene por objetivo “facilitar el intercambio de
información, análisis técnico de las propuestas y avanzar en el consenso
de una posición común” no incorpore la representación de los intereses
ambientales.
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