| Esta organización ha trasladado a los principales partidos políticos un documento de propuestas agrarias de cara a las elecciones generales. Click en la noticia para descarga completa | |
El sector agrario, como base de la alimentación, es estratégico para el conjunto de la sociedad española y reclamamos que así se establezca dentro de la agenda política.
- Innovación, poder de negociación del agricultor en la cadena alimentaria, plan para mitigar el alza de los insumos, incorporación de jóvenes y mujeres, adaptación al cambio climático y seguros agrarios, entre las cuestiones más importantes. 
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha trasladado a los principales partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre (PP, PSOE, Ciudadanos, PODEMOS e IU) un documento de propuestas agrarias para que sean tenidas en cuenta en los respectivos programas de gobierno.
Entre las medidas planteadas, destaca especialmente la renovación de la actual Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones a través del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. “Entendemos que se ha conseguido uno de los principales objetivos de la Ley 19/95, como es el incremento de la dimensión económica de las explotaciones agrarias, tanto a través del incremento de superficie como de la productividad, pero, desgraciadamente, se ha fracasado a la hora de mejorar la viabilidad económica de las mismas y por tanto la renta de los agricultores y ganaderos”, ha argumentado Miguel Blanco, Secretario General de COAG. Es ahí, donde COAG entiende que deben incidir las nuevas políticas agrarias de Estado, a través del desarrollo de un Estatuto que incluya los siguientes elementos: - Caracterización y priorización del modelo de agricultura social y profesional, a través de la evolución y actualización de la explotación prioritaria y el agricultor profesional. - Caracterización y valoración de los “bienes públicos” que el modelo de agricultura social y profesional ofrece a la sociedad (medioambientales, territoriales, culturales, gastronómicos, patrimoniales,…). - Promoción y mejora de la formación y la innovación en las explotaciones agrarias. - Promoción de la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones agrarias. - Reconocimiento del papel de la explotación agraria en el marco de la cadena alimentaria. - Creación de la figura societaria adaptada a la explotación social y profesional. - Acceso a la tierra. - Beneficios fiscales en relación a la transmisión de explotaciones, incremento de dimensión, transferencias de derechos de ayudas y cuotas de producción, instalación de nuevos agricultores, arrendamientos de tierras, inversiones en innovación, etc. - Marco normativo y fiscal de las actividades complementarias a la actividad agraria. - Regulación de la transformación y la venta directa por parte de las explotaciones agrarias. En estos momentos, el sector agrario también está viviendo el inicio de un proceso que llevará a la introducción masiva de lasnuevas tecnologías en la producción primaria (TICs, big data, posicionamiento,..). “Será la próxima revolución verde y cambiará de forma radical la forma en la que trabajamos y producimos. Las explotaciones agrarias deben prepararse para una irrupción tecnológica nunca vista y ello nos preocupa en dos aspectos críticos: el relevo generacional y la formación del capital humano”, ha subrayado Blanco. Incorporación de jóvenes. El creciente envejecimiento del sector agrario evidencia la urgencia y necesidad de una ambiciosa política de relevo generacional en el conjunto del Estado. En ese sentido, desde COAG se estima necesario priorizar la medida de apoyo a la instalación de agricultores jóvenes en los nuevos Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 que tienen que aplicar las CC.AA, facilitar el acceso a la tierra, una Formación Profesional continua, adaptada y de calidad para los agricultores/as jóvenes, o el establecimiento de beneficios fiscales y de cotización a la Seguridad Social, entre otras ventajas. Además, se hace imprescindible emprender una serie de actuaciones para revertir la continuada y grave pérdida de renta de los agricultores y ganaderos en los últimos años (-16% en última década), especialmente en lo que concierne a los costes de producción cuya tendencia al alza (+39% desde 2003) ha comprimido la rentabilidad del sector. En ese sentido, desde COAG se ha propuesto, entre otras, medidas de tipo fiscal, tales como el incremento del IVA compensatorio al sector ganadero equiparándolo a la agricultura. En relación a los costes de la factura eléctrica, la implantación de un contrato específico y adaptado a las características del consumo en el sector agrario. En el caso de los regadíos es imprescindible adaptar un contrato de temporada que se adecúe a las características de esta actividad y sea realmente operativo para los regantes. Además, se debe hacer especial hincapié en el Desarrollo de las energías renovables en el sector agrario y de la figura de la Explotación Agraria Productora de Energías Renovables. Asimismo, es necesaria la creación del Observatorio de costes y mercados de insumos para aumentar la vigilancia de los oligopolios que controlan los insumos del sector: energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. y evitar así la especulación y los costes injustificadamente elevados para los agricultores. Por su parte, el seguro agrario debe ser una estrategia fundamental de mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual tan volátil y por el esperable aumento de los riesgos para la agricultura ocasionado por los efectos del cambio climático. En ese sentido, se reclama un incremento de la partida presupuestaria estatal destinada al seguro agrario al menos hasta los niveles de 2007-2011, para reducir el coste de las pólizas y contribuir a la universalización del seguro. Reequilibrio de la Cadena Alimentaria. Ante las políticas orientadas a la desregulación generalizada, es necesario reforzar la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario, de la cadena agroalimentaria. “La cadena debe ser rentable y sostenible en su conjunto, para lo cual hay que acabar con el abuso de posición de dominio y que el valor creado se reparta de manera justa y equilibrada entre todos los operadores, asegurando unos precios rentables para los productores y asequibles para los consumidores”, ha puntualizado el Secretario general de COAG. En ese sentido, desde COAG se proponen mejoras de la Ley de Cadena Alimentaria, tales como el aumento y optimización de los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la extensión de los contratos obligatorios al conjunto de las operaciones en la cadena, la introducción de la “venta a pérdidas” como práctica comercial abusiva sancionable, la ampliación de la figura del mediador y la prohibición de las campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos básicos (productos primarios o productos envasados como leche o aceite de oliva) para no inducir a error sobre el precio y valor real de dichos productos. A nivel comunitario, es vital el establecimiento de un marco regulatorio de la cadena alimentaria obligatorio y único en Europa, reforzando la capacidad de negociación de los diferentes miembros de la cadena agroalimentaria, para lo cual es necesario disponer de la posibilidad de negociar, en el seno de las Organizaciones Interprofesionales, las condiciones de los contratos de los productos agrarios. En esta línea, es básica la búsqueda de equilibrio entre las normas de competencia, su aplicación por parte de las autoridades competentes y la regulación del sector agroalimentario. Rechazo al Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EEUU (TTIP). El TTIP es una amenaza para el modelo europeo de agricultura y alimentación, basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad. Al plantear un cambio del marco regulatorio europeo en aspectos tan sensibles como la seguridad alimentaria, las denominaciones de calidad o las normas medioambientales, los agricultores europeos lo entendemos inasumible. | |
| Impulsar la no cosecha/cosecha en verde, crear un sistema de gestión de crisis grave, mejorar la información y transparencia en el mercado y revisar al alza las indemnizaciones por retirada para ajustarlas a costes, entre las propuestas más destacadas. | |
- Tal y como se ha constatado en los Grupos de Trabajo planteados por el MAGRAMA, los sistemas actuales de prevención y gestión de crisis no resultan eficaces para solventar las caídas de precios en origen.
Madrid, 11 de noviembre de 2015. Los máximos responsables del sector de frutas y hortalizas de COAG se reunieron ayer con una delegación del Ministerio de Agricultura, encabezada por el Director General de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, y el Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ignacio Sánchez, para plantear un paquete de medidas que sirvan para proteger las rentas de los productores ante caídas de precios. “Situaciones como la crisis de la bacteria alemana (2011) o el actual veto de Rusia a nuestras exportaciones, ponen de manifiesto la necesidad de disponer de antemano de un sistema para hacer frente a las crisis graves y no tener que actuar de manera improvisada y tardía”, ha subrayadoAndrés Góngora, responsable del sector hortofrutícola de COAG.''Además, son necesarias también las herramientas frente a crisis coyunturales, que han de ser revisadas dado que actualmente carecen de eficacia'', ha añadido. Tal y como se ha constatado, de manera generalizada, en el Grupo de Trabajo sobre gestión de crisis planteado por el MAGRAMA para revisar la Estrategia nacional para el sector hortofrutícola, los sistemas actuales de prevención y gestión de crisis no resultan eficaces para solventar las caídas de precios en origen. “El grado de utilización de estas medidas por parte de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) es muy limitado y no se consiguen los resultados planteados en la regulación comunitaria. En situaciones de crisis generalizada con fuerte afectación de las cotizaciones en origen los sistemas disponibles son absolutamente insuficientes y se han tenido que ver complementados por mecanismos adicionales, que llegan tarde. Por tanto, se hace necesaria una revisión a fondo de todo el sistema”, ha argumentado Góngora. Entre las medidas planteadas por COAG, destacan: 1. Creación de un sistema de gestión de crisis grave. Es absolutamente indispensable desarrollar un sistema de gestión de crisis grave, ágil, universal y accesible para todos los productores, con financiación 100% pública y que se active de forma automática en estas situaciones. Este sistema se podría vehicular a través de las OPFH para fomentar la cercanía del agricultor a las mismas. 2. Impulsar el sistema de no cosecha/cosecha en verde, actualmente previsto por la OCM. Es especialmente preocupante la escasa utilización de las medidas de gestión de crisis basadas en la no cosecha o la cosecha en verde, ya sea por dificultades de aplicación, burocráticas o por los bajos niveles de compensación para el agricultor. Consideramos que estas medidas tienen un mayor efecto sobre el mercado, lo que redunda en la renta del productor, por producirse un incremento de precio al reducirse la oferta pero también por soportar un menor gasto en el proceso de retirada. En parte, esto se produce porque el producto no llega a la OPFH y no ejerce un efecto de “presión” para darle salida. 3. Revisión al alza de las indemnizaciones de retirada: no se trata de que las compensaciones tengan un nivel tan elevado que se provoquen situaciones especulativas, sino que sean acordes a los costes reales y, de esta manera, las OP utilicen en mayor medida estas líneas y tengan mayor efecto sobre las crisis de mercado. 4. Prevención por encima de la gestión. Para ello, se debe aumentar la información y transparencia en las previsiones de producción, pero también respecto a la demanda y a las necesidades de la cadena. Para una mejor autorregulación es necesario que exista información. La Administración juega un papel clave en este ámbito y debe coordinar y ayudar en la recopilación, análisis y distribución de la información, no sólo a nivel estatal, sino también a nivel europeo. El planteamiento de un Observatorio europeo puede resultar útil en este sentido, siempre y cuando la información sea veraz, rápida y transparente. “Cuando un producto cae en crisis de precios es muy difícil recuperarlo y sólo circunstancias ajenas a la propia oferta (cuestiones climáticas, mejoras en el consumo…) suelen permitir una recuperación de las cotizaciones. Por ello, es indispensable poner el foco en la prevención de las crisis”, ha afirmado Góngora. Asimismo, COAG ha agradecido al Ministerio el proceso que ha puesto en marcha para reformar laEstrategia Nacional del sector de Frutas y Hortalizas y, en particular de sus Organizaciones de Productores, y en el que esta organización ha participado de manera muy activa. Dicho proceso comenzó con una consulta pública que se cerró en el mes de agosto. A continuación, hubo una consulta directa mediante encuestas a OP, agricultores socios de OP y agricultores no socios de OP. Después tuvieron lugar dos jornadas de trabajo en el Ministerio en las que se analizaron distintos aspectos, cuyos resultados se presentaron el pasado 30 de octubre. | |
- En esa misma dirección se ha expresado ya la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), aconsejando mantener las recomendaciones de salud pública sobre el consumo moderado de carne, (dos veces por semana).
- Ante la situación generada, se reclama prudencia, precisión y responsabilidad a las instituciones públicas a la hora de comunicar los resultados de sus investigaciones en todo lo concerniente a la salud y la alimentación. - La apuesta del sector ganadero español por la calidad es de sobra conocida a nivel internacional. Una apuesta que está íntimamente relacionada con el modelo europeo de producción, basado en unos elevados estándares en materia de sanidad y seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente y bienestar animal. Todo ello, con el compromiso de ofrecer a los consumidores un alimento saludable a precios asequibles. - En ese sentido, llama poderosamente la atención que el informe de la OMS no establezca diferencia alguna entre el modelo de producción europeo y el de EE.UU, en el que se permite la utilización de hormonas y antibióticos, sustancias prohibidas desde hace tiempo en la Unión Europea y por tanto en España. De ahí que desde COAG hayamos denunciado los peligros del Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio (TTIP), (que la UE y EEUU están negociando en este momento de forma bastante opaca), para el modelo agrario europeo y la seguridad alimentaria. |
| Durante el XIX Encuentro Estatal del Sector Apícola de COAG, celebrado el 15 y 16 de octubre en Amayuelas de Abajo (Palencia). Click en titular para ver documento de conclusiones. | |
- Apicultores de las principales regiones productoras coinciden en el agotamiento de los principios activos disponibles en el mercado para el tratamiento de varroosis si no están acompañados de un adecuado sistema de manejo en la explotación.
- La necesidad de diferenciar y posicionar las mieles españolas como producto de alta calidad frente a mieles de importación y el replanteamiento del cooperativismo apícola en España, fueran otras de las conclusiones destacadas. Madrid, 19 de octubre de 2015. En el marco del XIX Encuentro Estatal del Sector Apícola de COAG, apicultores profesionales de las principales regiones productoras se dieron cita la pasada semana en la localidad palentina de Amayuelas de Abajo para analizar el presente y futuro de la actividad en nuestro país. Tras dos días de análisis y reflexión, se llegaron a las siguientes conclusiones: SANIDAD APÍCOLA • Necesidad de reeducación en el sector sobre la estrategia de lucha frente a Varroa. • Necesidad de asumir el agotamiento de los principios activos disponibles en el mercado para el tratamiento de varroosis si no están acompañados de un adecuado sistema de manejo en la explotación. • Necesidad de participación activa del apicultor en el procesado de la cera. • Necesidad de elaboración de un documento de referencia sobre plagas emergentes. MERCADO DE LA MIEL • Necesidad de proseguir en la demanda de un adecuado etiquetado para la miel que identifique de manera obligatoria el país o países de origen de las mieles. • Necesidad de diferenciar y posicionar las mieles españolas como producto de alta calidad frente a mieles de importación. • Necesidad de replanteamiento del cooperativismo apícola en España, apostando por modelos de participación colectiva y mejora de la comercialización. • Necesidad de regulación de la venta directa de productor. POLÍTICA APÍCOLA • Necesidad de apoyar la continuidad en la elaboración de estudios sobre la peligrosidad de plaguicidas. • Necesidad de realizar una campaña de información sobre las actividades de la organización Bee-Life. • Necesidad de realizar estudios sobre carga ganadera para optimizar el aprovechamiento de asentamientos apícolas. • Necesidad de primar en las solicitudes de ayudas de fincas destinadas a reforestación, pastos o dehesas, la presencia de asentamientos apícolas. • Necesidad de fomentar la utilización de espacios públicos para asentamientos apícolas. • Necesidad de simplificación en la solicitud de las ayudas del Programa Nacional Apícola. Apostar de nuevo por la concurrencia no competitiva en la concesión de estas ayudas. • Necesidad de mejora de la información a los agricultores sobre los tratamientos en floración. | |
