domingo, 21 de noviembre de 2010

HACIA UNA NUEVA PAC A PARTIR DE 2013

Creemos firmemente que el sector agrario es estratégico para el conjunto de la sociedad europea y así debe ser considerado políticamente, ante el riesgo cierto de desmantelamiento  de la actividad productiva agraria en amplios sectores y territorios europeos. Desgraciadamente los datos nos muestran una evolución catastrófica del sector agrario europeo en los últimos años; en 2009 la renta agraria por trabajador ha descendido un 11,6%, retrocediendo comparativamente hasta los niveles de 1995.
Muchas explotaciones que componen el modelo social europeo de agricultura están desapareciendo en este periodo. La agricultura es la base de la alimentación y como tal tiene un largo futuro por delante, se trata de preservarla en los territorios de  Europa, como continuación de una cultura tradicional y diversa, y con nuestros agricultores y agricultoras.


A diferencia de otros planteamientos que asumen la evolución de la PAC en los últimos años e insisten en tomar esta base para mejorar la política, nosotros creemos que ha llegado el momento de que todos reconozcamos una evidencia: el camino que ha tomado la PAC es radicalmente equivocado y hay que proceder a su refundación sobre unas nuevas bases. Y esto es así, porque los resultados nos indican que hoy la agricultura europeas mucho más débil que hace unos años y porque la agricultura se encuentra en riesgo de desaparecer en muchas regiones europeas.

COAG mostró su contundente rechazo a la Reforma de la PAC de 2003, y a su posterior profundización (el 2chequeo" de la PAC), porque suponía desincentivar la producción agraria (con la deslegitimadora introducción de pagos desacoplados) y dejar la alimentación europea en manos de un mercado desregulado y dependiente de las importaciones de terceros países, hipotecando la soberanía y seguridad alimentaria de la Unión Europea. Todo ello acompañado del recorte del 10% que supone la modulación, así como la congelación de las ayudas has 2013, lo que equivale a un recorte total del 35%. Lamentablemente el tiempo nos esta dando la razón.


Las ayudas directas son un mecanismo que en su dia se impuso a los agricultores para favorecer la reconversion de su actividad; con la instauración a partir de 2005 del nefasto régimen de pago único, simplemente se está propiciando el desmantelamiento de la actividad agraria. Las ayudas directas han sido la coartada para abandonar a su suerte a los agricultores en unos mercados manipulados, donde los precios percibidos por los agricultores no cubren en muchos casos los costes de producción. Cuando esto sucede la actividad agraria no es viable, independientemente del nivel de la ayuda directa a la renta.

La ineficacia de la actual PAC para controlar los desequilibrios de los mercados agroalimentarios han puesto de manifiesto que es necesario contar con instrumentos que nos permitan mantener un modelo social y profesional de agricultura que asegure precios justos para los productores y alimentos de calidad a precios razonables y estables a los consumidores europeos.

La segunda razón por la que Europa necesita una PAC fuerte y eficaz es por su contribución al mantenimiento y desarrollo de un medio rural vivo, con poblaciones rurales dinámicas y viables. El medio rural es clave para el mantenimiento y mejora del medio ambiente, la biodiversidad, la cohesión territorial, la lucha contra el cambio climático y la diversidad cultural europea.

Específicamente, los agricultores estamos sufriendo graves abusos en la cadena agroalimentaria, que se han hecho más evidentes en la actual situación de crisis económica general. Las grandes cadenas de distribución, que ocupan una posición de dominio dentro de la cadena, están trasladando "hacia abajo" recortes de precios a los productores, a la vez que mantienen sus margenes comerciales intactos. Los agricultores se ven obligados a aceptar los precios que fija la gran distribución agroalimentaria, al no estar permitida ningún tipo de negociación colectiva por parte de las autoridades de la competencia. Esta situación, en la que unos pocos imponen sus condiciones a todos los demás, desnaturaliza el mercado agroalimentario y lleva a la ruina a los productores y sus cooperativas, a la vez que el diferencial de precios origen destino no deja de ampliarse.

Las políticas agrarias que  han eliminado los mecanismos internos de regulación de mercados y han impulsado la liberalización comercial agroalimentaria han resultado en un enorme fracaso que ha debilitado de forma irracional la agricultura europea. Es imprescindible establecer mecanismos de regulación de mercados para los productos agrarios que permitan a agricultores y ganaderos vivir del fruto de su trabajo.
Para que esto sea efectivo hay que reactivar la aplicación del principio de preferencia comunitaria, pues unos mercados agrarios expuestos a la globalización no son regulables. Paralelamente, no podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria de la Union Europea impone a sus propios agricultores. Adicionalmente, debe ser obligatorio informar a los consumidores, por ejemplo en el etiquetado de los productos agroalimentarios, acerca del proceso productivo y las normas que se han cumplido en la producción, transformación y comercialización.


PROPUESTAS DE COAG

La alimentación debe ser considerada un elemento estratégico para el conjunto de la sociedad y así se explica la necesidad de políticas públicas para mantener un modelo social de agricultura y alimentación, basado en la calidad, diversidad y sotenibilidad de la agricultura europea. Sector básico que debe ser protegido para evitar la dependencia del exterior, el encarecimiento de los alimentos al consumidor y el abandono de la actividad agraria. Paradojicamente los objetivos de abastecimiento alimentario y mejora del nivel de vida de los agricultores que justificaron la creación de la PAC, siguen siendo validos hoy día, aunque necesitamos ampliarlos con cuestiones sociales, ambientales, climáticas, culturales y económicas. Hay que resaltar la importancia de la relación entre alimentación y cultura, siendo la gastronomía uno de los principales elementos distintivos de los pueblos y una parte básica de su patrimonio cultural; en el caso de Europa, la gastronomía y la diversidad cultural es una de sus grandes riquezas y también un factor clave para el desarrollo futuro.


Nuestro futuro se decide principalmente en el ámbito de los precios y los mercados. La UE debe cambiar su política de desregulación de los mercados y debe reinstaurar los mecanismos que eviten la fluctuación de los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que superen sus costes de producción (gestión y regulación pública, intervención, control de la producción, clausula de medidas excepcionales, etc).
La mayor parte de la renta de los agricultores debe provenir de la venta del producto. Es imprescindible aplicar el principio de preferencia comunitaria, ya que sin él resulta imposible estabilizar el mercado interior europeo. Al igual que la UE, todas las regiones del mundo tienen derecho a garantizar su modelo de agricultura y alimentación en el marco de la soberanía alimentaria.

La consolidación de los pagos desacoplados de la producción no puede legitimarse ni económicamente, ni socialmente. Son un instrumento pensado exclusivamente para favorecer la reconversion y abandono del sector agrario, al servicio de la especulación y el absentismo en perjuicio de los agricultores profesionales. No podemos permitimos perder más agricultores y ganaderos, por lo que es imprescindible un cambio fundamental en el apoyo publico; los pagos desacoplados deben transformarse en una ayuda ligada a los activos en las explotaciones agrarias, ya que la actividad agraria es el elemento esencial que define al agricultor y ganadero profesional. Las dificultades especificas de producción (zonas de montaña, desfavorecidas y otras), deben ser compensadas para paliar la discriminación de rentas en estas situaciones. rechazamos la aplicación de una tasa única dada la diversidad de la agricultura europea; el sistema debe aplicarse dando flexibilidad a los EE.MM. Ante la importante reducción del presupuesto dedicado a las políticas de apoyo a los productores agrarios, y de cara a los próximos años, es necesario reafirmar nuestra posición de priorizar las ayudas directas hacia los agricultores profesionales.


Rechazamos el libre acceso sin restricciones a los mercados agrarios mundiales y al dumping en las exportaciones agroalimentaria. Nos oponemos a que la agricultura y la alimentación sean objeto de una negociación comercial en la que se subordinan a otros intereses y se favorece la deslocalización de la producción a través de grandes empresas agroalimentarias. Es ineludible replantear el actual marco de liberalización comercial a través de las negociaciones con la OCM y los acuerdos de libre comercio de la UE con países terceros, dado sus efectos perversos tanto para los agricultores del Norte como del Sur. La unión Europea está utilizando a la agricultura como moneda de cambio en las negociaciones de la OMC y en los acuerdos bilaterales (ejemplo MERCOSUR, Acuerdos Euro mediterráneos, etc), a la vez que transmite a la sociedad un mensaje confuso, contradictorio y falseado, lo que se traduce en una perdida de legitimidad social. Se necesitan nuevas normas para el comercio agroalimentario internacional, así como un nuevo enfoque.

Desde COAG apostamos por el mantenimiento de una PAC vertebradora de la UE como elemento de convergencia entre Estados Miembros. rechazamos la renacionalización de la PAC y pedimos el mantenimiento de un presupuesto suficiente para desarrollar una política fuerte y común.

La legitimidad social de las políticas agrarias se fundamenta en el trabajo realizado por los/as agricultores/as y ganaderos/as, principalmente produciendo alimentos en la cantidad y la calidad suficiente, pero también entregando a la sociedad otros bienes públicos que le mercado no retribuye debidamente. Estos bienes públicos están relacionados principalmente con la protección del medio ambiente y la biodiversidad, pero también es muy importante el mantenimiento del patrimonio histórico y cultural, la lucha contra el cambio climático o el bienestar de los animales. Proponemos que para la realización de esta labor, la conexión de la sociedad con los agricultores se lleve a cabo a través de un Contrato/Alianza que establezca el marco de actuación.


Un elemento novedoso para los agricultores es la contribución que se nos pide en la lucha contra el cambio climático y en la respuesta a la crisis energética, algo que se debe afrontar no solamente desde la producción de energías renovables, sino también mediante la mejora del balance energético del conjunto de la cadena agroalimentaria, desde el productor al consumidor. En cualquier caso entendemos que la producción de energía debe ser complementaria, no sustitutoria, de la producción de alimentos.


Es imprescindible mejorar la capacidad negociadora del sector productor en la formación de los precios, para que estos se fijen desde el primer eslabón hasta el consumidor cubriendo al menos, los costes de producción y evitando los actuales desequilibrios generados por la posición negociadora dominante de la gran distribución agroalimentaria. Necesitamos modificar la normativa de competencia, de tal forma que no obstaculice la vertebración y organización del sector agrario y permita que las organizaciones de productores puedan adquirir poder de negociación, agrupando la oferta en las relaciones con los grandes distribuidores e industriales. También son necesarias medidas en relación a la transparencia  de la cadena agroalimentaria, las practicas comerciales desleales y las relaciones entre los agentes de la cadena. Pedimos un marco legislativo que contemple específicamente la comercialización a través de la venta directa y regulación especifica para una transformación artesana, a través de la venta en canales cortos.